(Washington, DC) – Agentes federales de control migratorio dispararon y mataron a un hombre en Mineápolis, Minnesota, durante el fin de semana. Es la segunda muerte de este tipo registrada en la ciudad en lo que va del mes. Según informes, autoridades federales impidieron que funcionarios estatales accedieran al lugar de los hechos, lo que genera serias dudas sobre si el gobierno federal está actuando de buena fe para garantizar una investigación independiente y exhaustiva, señaló hoy Human Rights Watch.
“La muerte a tiros de otro residente de Mineápolis a manos de agentes federales ocurre tras semanas de acciones violentas y abusivas de control de la inmigración en toda la ciudad”, afirmó Ida Sawyer, directora del programa de crisis, conflictos y armas de Human Rights Watch. “Las acciones continuas y sin control de estas agencias están poniendo en peligro a los residentes, con consecuencias devastadoras”.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dispararon y mataron a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años y ciudadano estadounidense, alrededor de las 9:00 de la mañana del 24 de enero. Pretti parecía estar observando y grabando a los agentes minutos antes de que lo empujaran, le rociaran el rostro con un agente químico, lo golpearan con un recipiente metálico y finalmente le dispararan mortalmente.
La muerte ocurrió dos semanas y media después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) matara a Renee Good, de 37 años, en Mineápolis, un caso que Human Rights Watch determinó que fue injustificable. Ambas muertes se produjeron en el contexto de un despliegue masivo de agentes federales en Minnesota, como parte de operaciones abusivas de control migratorio que han generado temor y desencadenado protestas generalizadas en comunidades de todo Estados Unidos.
Human Rights Watch analizó y verificó ocho videos grabados desde distintos ángulos que muestran a Pretti antes, durante y después de los disparos. El equipo de investigación también examinó dos declaraciones de testigos presentadas ante un tribunal federal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que los agentes dispararon contra Pretti en defensa propia. En una conferencia de prensa celebrada horas después del tiroteo, la secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró que Pretti —quien, según se informó, era propietario legal de un arma de fuego y contaba con un permiso para portarla en Minnesota— se acercó a los agentes con una pistola y “reaccionó de forma violenta” cuando intentaron desarmarlo. El análisis de Human Rights Watch de los videos y de los testimonios de testigos contradice la versión de Noem. No existe ninguna prueba de que Pretti realizara acción alguna que pusiera en peligro la vida de los agentes y que justificara el uso intencional de fuerza letal conforme a las normas internacionales de derechos humanos.
El primer video, grabado a las 8:58 de la mañana, muestra a Pretti filmando a los agentes en la calle, frente a un centro de personas mayores en Nicollet Avenue, mientras uno de los agentes lo empuja de vuelta hacia la acera.
Un testigo declaró que Pretti estaba dirigiendo el tráfico y observando a los agentes cuando uno de ellos ordenó a Pretti y al propio testigo que se retiraran, mientras otro agente amenazaba a las personas que observaban la escena con gas pimienta. El testigo afirmó que Pretti se acercó “solo con la cámara en la mano. No lo vi intentar sacar ni sostener un arma”. Otro testigo, un pediatra, señaló que vio a Pretti gritar a los agentes, pero que “no lo vio atacar a los agentes ni blandir ningún tipo de arma”.
Las grabaciones de video corroboran estos testimonios. En ellas se observa a un agente empujando primero a una de las otras dos personas que presenciaban los hechos y, a continuación, empujando a Pretti. Pretti rodea con el brazo a la persona empujada, aparentemente para ayudarla, mientras el agente empuja a una tercera persona observadora. A continuación, Pretti se interpone entre esta tercera persona y el agente. El agente rocía un irritante químico directamente en el rostro de Pretti desde muy corta distancia y también contra las demás personas observadoras, mientras Pretti sostiene su teléfono con la mano derecha y levanta la izquierda en actitud defensiva. Pretti se tambalea y cae hacia las personas observadoras, de espaldas al agente, que continúa rociándolo. Pretti parece intentar agarrar a una de las personas observadoras o su mochila cuando un agente grita: “¡Atrás!”.
Cinco agentes más rodean a Pretti y a las demás personas presentes y lo derriban al suelo. Dos agentes forcejean con Pretti mientras este parece estar de frente y de rodillas. Otros dos agentes se suman al forcejeo. Un agente se lanza hacia la cintura de Pretti, cerca de la cadera derecha. El video muestra a otro agente, situado cerca de la cabeza de Pretti, golpeándolo repetidamente con un pequeño recipiente. Uno de los hombres grita de forma reiterada que Pretti tiene un arma, mientras se escucha otra voz masculina decir: “¡Arma, arma, arma!”.
De manera simultánea, el agente que alcanza la cintura de Pretti extrae un arma de la cadera derecha de Pretti y se aparta rápidamente con ella. Otro agente, situado junto al que retiró el arma, saca su pistola de la funda y se desplaza hacia la parte trasera de Pretti, apuntándole, mientras otros dos agentes intentan inmovilizarlo. Se escucha un disparo mientras el agente que desenfundó su arma continúa moviéndose alrededor de Pretti. En ese momento, es el único agente visible con el arma desenfundada, mientras el agente que sostiene el arma de Pretti se aleja con ella.
Tras el primer disparo, Pretti se incorpora parcialmente, apoyando el pie derecho mientras la rodilla izquierda permanece en el suelo; su mano izquierda se desplaza desde el centro de la cintura hacia el costado izquierdo y la mano derecha queda detrás de su espalda, del lado derecho. Mientras el agente que desenfundó su arma permanece detrás de Pretti, de pie sobre él, se efectúan tres disparos más en rápida sucesión. Se observa el retroceso de la corredera de la pistola, lo que indica que se están disparando municiones. Los agentes situados alrededor de Pretti retroceden, mientras el agente que lo golpeó con el recipiente también desenfunda su arma. No está claro si llegó a dispararla. En total, los agentes efectuaron 10 disparos, según el análisis de video de Human Rights Watch.
Aproximadamente 24 segundos después de que un agente realizara el último disparo contra Pretti, los agentes se acercan a su cuerpo. Uno de ellos registra a Pretti y grita: “¿Dónde está el arma? ¿Dónde está la maldita arma?”. El agente señala en la dirección hacia la que se había desplazado el agente que desarmó a Pretti y grita: “¿Tienes el arma?”. Una voz masculina responde: “Tengo el arma”. El agente que registra el cuerpo de Pretti grita entonces que necesita tijeras.
Aproximadamente 90 segundos después del tiroteo, los agentes comienzan a retirar la ropa de Pretti y solicitan un médico. Un hombre llega con una bolsa diciendo “médico”, y los agentes que atienden a Pretti sacan material de la bolsa. Un agente pide sellos torácicos, un tipo de vendaje utilizado habitualmente para tratar heridas punzantes en el pecho.
Según la declaración del testigo pediatra, los agentes inicialmente le impidieron examinar a Pretti, pero posteriormente le permitieron evaluarlo y administrarle reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios de emergencia. El pediatra señaló que Pretti no presentaba pulso detectable.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que los agentes del orden solo deben recurrir de manera intencional al uso de fuerza letal como último recurso, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida. Las normas internacionales de derechos humanos también exigen una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente de toda muerte potencialmente ilícita.
La política del DHS, aplicable a los agentes de la Patrulla Fronteriza, solo permite el uso de la fuerza cuando no existe ninguna alternativa razonable y prohíbe el uso de fuerza letal salvo cuando el agente crea razonablemente que existe una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.
Existe un grave riesgo de que no se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre esta muerte, señaló Human Rights Watch. Según se informó, las investigaciones están siendo dirigidas por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del DHS. Sin embargo, el mismo día del homicidio, altos funcionarios federales —entre ellos la secretaria del DHS, Kristi Noem; el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller— se apresuraron a defender la muerte, afirmando que Pretti “reaccionó de forma violenta”, “se resistió violentamente” y era un “terrorista doméstico”. Bovino declaró que parecía “una situación en la que una persona quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.
Las autoridades federales también parecen estar obstaculizando los esfuerzos de investigación a nivel estatal. El superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés), que normalmente investiga muertes en el estado —incluidos los incidentes en los que están implicados agentes federales—, declaró en un escrito judicial que agentes del DHS “bloquearon” el acceso de la BCA al lugar de los hechos, pese a que esta contaba con una orden judicial firmada. El superintendente expresó su preocupación por si las autoridades federales estaban protegiendo adecuadamente las pruebas. Al referirse a fotografías de un arma difundidas en internet por el DHS, manifestó una preocupación particular porque el arma “no parece” haber sido “protegida conforme a los procedimientos habituales de las fuerzas del orden”. El 24 de enero, un juez federal prohibió temporalmente al DHS “destruir o alterar pruebas” relacionadas con el tiroteo.
Las dudas sobre la existencia de una investigación adecuada se agravan ante la aparente negativa de las autoridades a investigar correctamente la muerte de Good, ocurrida el 7 de enero. El 8 de enero, la BCA informó[cf1] que cerraba su investigación después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) indicara que asumiría la investigación en solitario y ya no permitiría a la BCA acceder a las pruebas. Sin embargo, diez días después, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos “no estaba investigando” el tiroteo. Al menos seis fiscales federales y un agente del FBI habrían dimitido en medio de informes que indicaban que el FBI y la fiscalía federal de Minnesota recibieron órdenes de investigar a Good y a su esposa en lugar de investigar al ICE.
Para garantizar una investigación independiente y exhaustiva, el FBI y el DHS deberían cooperar plenamente con las autoridades estatales de Minnesota, entre otras cosas compartiendo pruebas y los nombres de los testigos y de los agentes implicados.
Dado que la integridad de los mecanismos federales de supervisión está en entredicho, es fundamental que el Congreso ejerza sus facultades de supervisión y asignación presupuestaria para garantizar que las agencias federales respeten los derechos humanos, incluido el cumplimiento de las restricciones sobre el uso de la fuerza. El Congreso puede, por ejemplo, condicionar la financiación del DHS al establecimiento de salvaguardias mínimas para prevenir el uso excesivo de la fuerza, otras violaciones de derechos y la impunidad.
El Congreso debería celebrar audiencias de supervisión para investigar la conducta del DHS, incluidos los presuntos abusos y homicidios, y considerar la suspensión de la financiación de las operaciones de control migratorio hasta que concluyan dichas investigaciones. Asimismo, los legisladores deberían apoyar la reconstitución de las oficinas internas de supervisión y de sus plantillas, debilitadas por la administración Trump.
Independientemente de las medidas que pueda adoptar el Congreso, estas agencias deberían poner fin a su operación a gran escala en Mineápolis y abstenerse de iniciar esfuerzos similares en cualquier otro lugar, señaló Human Rights Watch.
“Los patrones de abusos a escala nacional cometidos por el ICE y la Patrulla Fronteriza revelan una fuerza de seguridad peligrosa y en expansión que opera con impunidad”, afirmó Sawyer. “Se requiere una acción urgente —en particular, una supervisión efectiva del Congreso— para proteger a las comunidades de Estados Unidos frente a la violencia, la discriminación y la detención arbitraria, y para garantizar que se respeten sus derechos a la libertad de expresión y de reunión”.
