(Washington D.C.) – Las autoridades venezolanas deben tomar medidas inmediatas para reformar instituciones judiciales y electorales clave y derogar leyes abusivas, señaló hoy Human Rights Watch.
Tras los ataques militares llevados a cabo por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026 y la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, las autoridades venezolanas han excarcelado a cientos de presos políticos y afirmado que el país está atravesando un proceso de “pacificación nacional”. La administración Trump ha seguido colaborando con la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en lo que describe como un plan con fases de “estabilización, recuperación y transición”, que se ha enfocado en reformas en el sector petrolero.
“La excarcelación de presos políticos es un alivio importante, pero el aparato represivo utilizado para detenerlos sigue en pie”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”.
Según organizaciones de derechos humanos venezolanas, las autoridades han excarcelado a unos 400 presos políticos. Según la organización Foro Penal, otros 600 permanecen entre rejas. Las personas excarceladas siguen bajo investigación penal y enfrentan restricciones a su libertad de expresión y a su participación en protestas, según informaron a Human Rights Watch organizaciones venezolanas y familiares de los excarcelados. Algunas figuras de la oposición han sido trasladadas a arresto domiciliario, entre ellas Juan Pablo Guanipa, líder opositor que fue liberado el 9 de febrero y detenido nuevamente horas más tarde tras llamar a la población a participar en protestas.
Desde 2014, las autoridades venezolanas, a menudo con la complicidad del Ministerio Público y el poder judicial, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas procesos penales infundados y motivados políticamente contra opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Según Foro Penal, casi 19.000 personas han sido detenidas por motivos políticos. Las autoridades han detenido arbitrariamente y sometido a personas a desaparición forzada. Muchos detenidos han permanecido incomunicados, se les ha negado el acceso a abogados, han sido imputados masivamente en audiencias virtuales y han sido sometidos a malos tratos y tortura.
Durante la última década, las autoridades venezolanas también han celebrado elecciones injustas que han estado empañadas por violaciones de los derechos humanos e irregularidades. Tras las elecciones presidenciales de 2024, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia declararon que Maduro había sido reelegido. La oposición recopiló actas electorales que mostraban que Edmundo González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, había obtenido más de dos tercios de los votos emitidos en el 81,7 % de las mesas de votación. Observadores independientes del Centro Carter revisaron esas actas y concluyeron que eran precisas y legítimas.
Las autoridades venezolanas deben adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas. Ello incluye revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros tomaron medidas para impedir el registro de candidatos de la oposición en elecciones pasadas.
Las autoridades venezolanas también deben adoptar medidas para restablecer la integridad e independencia del poder judicial. El poder judicial dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Hugo Chávez aprobó una reforma judicial y coptó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, la Corte ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de los críticos.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (FFM por sus siglas en inglés) también constató que los tribunales de la jurisdicción especial para casos de terrorismo cometieron “violaciones sistemáticas del debido proceso”.
La FFM afirmó que el fiscal general Tarek William Saab “lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de los derechos humanos” tras las elecciones de 2024. Concluyó que Saab forma parte de “la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas...”.
Dado su historial, el hecho de que Saab siga ocupando el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los derechos humanos y promover el Estado de derecho, señaló Human Rights Watch.
La Asamblea Nacional también debería modificar o derogar las leyes que han permitido las violaciones de derechos humanos, entre ellas:
- La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de 2024, que otorga al gobierno amplios poderes para regular el funcionamiento y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y establece motivos vagos y ambiguos para disolverlas.
- La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela de 2024, que penaliza cualquier crítica a las autoridades o la defensa de sanciones contra Venezuela o contra sus funcionarios. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, que impone penas de 10 a 20 años a cualquiera que “promueva, fomente o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia” y que se ha utilizado para detener a críticos bajo delitos ampliamente definidos.
- La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo de 2012, que se ha utilizado para enjuiciar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros, entre otros, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con penas que van de 25 a 30 años.
- La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004, modificada en 2010, que se ha utilizado para restringir la libertad de expresión y de prensa, y para censurar y cerrar medios de comunicación.
El gobierno de Rodríguez debe permitir a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la FFM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso sin restricciones a Venezuela para documentar la situación de derechos humanos.
En febrero, el gobierno permitió que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) visitara brevemente el país para observar las excarcelaciones de presos políticos. El gobierno venezolano debe permitir que el ACNUDH restablezca sin restricciones indebidas su oficina en Venezuela, la cual fue cerrada en 2024, señaló Human Rights Watch.
El 30 de enero, Rodríguez anunció que el gobierno estaba trabajando en una ley de amnistía para beneficiar a las personas detenidas por actos de “violencia política” que se remontan a 1999. La ley se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. El proyecto actual exigiría que las personas soliciten la amnistía ante un tribunal y solo beneficiaría a las personas detenidas “en el contexto” de acontecimientos específicos, como las elecciones de 2024 y las protestas de 2017 y 2014.
“La amnistía propuesta no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente”, señaló Goebertus. “Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela”.
