(Nairobi) – Las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF), una de las dos principales partes en conflicto en Sudán, agredieron, sometieron a abusos y asesinaron a personas con discapacidad durante la toma de El Fasher, la capital de Darfur del Norte, y en el período posterior, señaló hoy Human Rights Watch.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido seleccionaron específicamente a personas debido a su discapacidad, acusaron a personas con discapacidades físicas de ser combatientes heridos, se burlaron de otras calificándolas de “dementes” y les dijeron que no estaban “enteras”, según afirmaron sobrevivientes y testigos. Provocar de manera selectiva la muerte de civiles u otras personas que no participan en un conflicto, incluidas las personas con discapacidad, constituye un crimen de guerra, al igual que someter a esas personas a tratos crueles, humillantes y degradantes u otros ultrajes similares. Cuando ello ocurre como parte de un ataque generalizado contra la población civil, estos actos pueden constituir un crimen de lesa humanidad.
“Las Fuerzas de Apoyo Rápido trataron a las personas con discapacidad como sospechosas o como si fueran una carga o prescindibles”, indicó Emina Ćerimović, directora asociada sobre derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Escuchamos que acusaban a algunas víctimas, sobre todo a quienes les faltaba alguna extremidad, de ser combatientes heridos y ejecutaban a esas personas de manera sumaria. Otras sufrieron golpizas, abusos o acoso debido a una discapacidad y los combatientes se burlaban de ellas calificándolas de “dementes” o diciéndoles que no eran una “persona entera”.
Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, Human Rights Watch entrevistó a 22 sobrevivientes y testigos de El Fasher, incluidas entrevistas minuciosas realizadas de manera remota en Sudán y entrevistas con personas con discapacidad que huyeron a Chad oriental. Human Rights Watch también entrevistó a ocho activistas de derechos de las personas con discapacidad procedentes de otras partes de Sudán que refirieron abusos similares por parte de las RSF en otros lugares del país.
Las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de El Fasher el 26 de octubre de 2025, tras 18 meses de asedio. Mientras la población civil intentaba huir, las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron y mataron a miles de esas personas. Las personas con discapacidad se enfrentaron a dificultades mucho mayores para poder huir y, en ocasiones, se las individualizó específicamente con fines de abuso, extorsión y ejecución.
Un hombre de 33 años que usa muletas debido a una discapacidad física causada por un ataque con un arma explosiva en diciembre de 2024, contó que combatientes de las RSF lo capturaron a él y a otras 50 personas, incluidas mujeres, niñas y niños, mientras intentaban huir de la ciudad el 26 de octubre, y que luego los interrogaron.
“Las RSF consideraban que todas las personas a quienes les faltaba una mano o una extremidad eran soldados”, afirmó el hombre. Dijo que los combatientes de las RSF también se basaban en el color de la piel y el acento para decidir si las personas eran civiles o miembros o partidarios de las Fuerzas Armadas Sudanesas (Sudanese Armed Forces, SAF), con las cuales las RSF se disputan el control del país. Aseveró que combatientes de las RSF usaron ametralladoras y fusiles de asalto de tipo AK para ejecutar a más de 10 personas, la mayoría con discapacidades físicas, frente a todo el grupo.
El hombre de 33 años explicó que negoció con los combatientes para que permitieran que las personas detenidas llamaran a sus familias y les pidieran que pagaran rescate. Un combatiente respondió a esto: “Ya eres débil y estás hecho pedazos, tu familia no te querría de todos modos”.
Estuvo detenido cuatro días y fue liberado después de que su familia pagara 17 millones de libras sudanesas y de que él transfiriera otros 13 millones desde su cuenta bancaria (aproximadamente un total de USD 8.830).
Una enfermera de 29 años dijo que vio cuando combatientes de las RSF mataron a un joven con síndrome de Down, a quien los combatientes llamaron “demente”, a un niño ciego y una mujer más joven con una discapacidad física que no podía caminar, en el momento en que los civiles huían el 26 de octubre.
Activistas sudaneses por los derechos de las personas con discapacidad documentaron otros casos de combatientes de las RSF que mataron a personas debido a que tenían alguna discapacidad. Zainab Salih, ex directora de la Asociación de Personas con Discapacidad en Darfur del Sur, dijo que habló con un padre cuyo hijo de 14 años, que tenía una discapacidad física, fue ejecutado cuando intentaban escapar el 26 de octubre, debido a que los combatientes de las RSF sostenían que estaba “demorando a los demás”. Según dijo, antes de ejecutarlo, los combatientes de las RSF tomaron su silla de ruedas.
Otros dos activistas de derechos de las personas con discapacidad transmitieron relatos similares en que las Fuerzas de Apoyo Rápido mataron a personas con discapacidad en otras partes de Sudán durante el conflicto, y un familiar contó que un combatiente de las RSF había dicho: “dejen que los ayudemos a deshacerse de ellos”.
Las personas con discapacidad también experimentaron otras formas de abuso, a menudo como resultado de persecución étnica. Un hombre de 31 años que tenía una discapacidad por haber sido herido durante un bombardeo en el mercado de Naivasha, en El Fasher, señaló que combatientes de las RSF le dieron golpes y azotes mientras se estaba refugiando en la casa de su tío después de que cayó la ciudad.
Los combatientes lo acusaron insistentemente de pertenecer a las SAF o a las Fuerzas Conjuntas debido a su discapacidad y su origen étnico, y lo llamaron “falangay”, un término despectivo para referirse a grupos étnicos no árabes.
Testigos y sobrevivientes contaron que combatientes de las RSF saqueaban los bienes de los civiles que huían, incluidos los dispositivos de asistencia o los únicos medios de movilidad con los que contaban, como las carretillas que usaban las familias de personas con discapacidad para transportarlas.
Diversos testigos también mencionaron que había personas con discapacidad que fueron abandonadas a su suerte. Una mujer de 30 años que huía con sus tres hijos, dijo sobre esto: “Lo que más me ha quedado es la imagen de personas heridas, incluso algunas con discapacidades, cuyas familias intentaban irse por ese camino, pero esas personas no pudieron hacerlo, [y entonces] se quedaron atrás y nadie sabe qué les ocurrió”.
Quienes llegaron a Tawila, también en Darfur septentrional, contaron que huyeron en condiciones extremas, con frecuencia sin dispositivos de asistencia ni transporte. Algunas personas se arrastraban o había familiares que las cargaban. Otras fueron separadas de sus familias o redes de apoyo, lo que dificultó mucho más la posibilidad de huir y sobrevivir en una situación de desplazamiento.
Contaron que no tuvieron acceso a dispositivos de asistencia, atención médica ni apoyo psicosocial. Varias personas con discapacidad y familiares suyos contaron que las instalaciones del campamento de Tawila para desplazados internos, incluidos los baños, no eran accesibles para las personas con discapacidades físicas.
El hombre de 31 años que se mencionó antes, quien ahora defiende a las personas con discapacidad en el campamento de Tawila, señaló haber pedido varias veces a las organizaciones humanitarias que los servicios que presten incluyan a las personas con discapacidad. “La idea aquí es que si usted tiene una discapacidad, su familia es la responsable de brindar ayuda”, explicó.
Con arreglo al derecho internacional humanitario, las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y los civiles nunca pueden ser blanco de ataques. Las personas con discapacidad que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a una protección plena contra ataques deliberados y malos tratos. Los ataques deliberados y los malos tratos a civiles con discapacidad constituyen crímenes de guerra y pueden comportar crímenes de lesa humanidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Sudán ha ratificado, obliga a los Estados a garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidos los conflictos armados. La Resolución 2475 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece que las partes en los conflictos armados deben proteger a las personas con discapacidad y asegurar su inclusión plena en las respuestas humanitarias.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe actuar con urgencia para evitar que en Sudán se cometan más atrocidades contra civiles, incluidas las personas con discapacidades, manifestó Human Rights Watch. Para ello, y entre otras medidas, debe sancionar a líderes de las Fuerzas de Apoyo Rápido por las atrocidades persistentes e instar públicamente a quienes apoyan a las fuerzas, en particular a los Emiratos Árabes Unidos, a que cesen el apoyo a estas.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana deben trabajar en conjunto para asegurar el despliegue de una misión de protección física de civiles en Sudán. Los organismos humanitarios deben controlar que la asistencia sea accesible e inclusiva para las personas con discapacidad, entre otras cosas, proporcionando dispositivos de asistencia y medidas de apoyo específicas.
“Durante más de una década, Human Rights Watch ha documentado abusos contra personas con discapacidad en conflictos armados en todo el mundo”, expresó Ćerimović. “Sin embargo, es la primera vez que documentamos abusos de este tipo y escala dirigidos selectivamente a ciertas personas debido a su discapacidad, lo que incluye matarlas. Los gobiernos y el Consejo de Seguridad de la ONU deben actuar ahora mismo para detener estos crímenes y asegurar que haya rendición de cuentas”.
Muertes y abusos
Una enfermera de 29 años de El Fasher contó que un combatiente de las Fuerzas de Apoyo Rápido llamó a otro y le dijo: “Ven a ver a este majnun [‘demente’]”, refiriéndose a un joven con síndrome de Down. Mientras la hermana lo estaba cargando sobre la espalda, los combatientes le ordenaron que lo bajara y luego lo ejecutaron. Después de matar a su hermano, le ataron a ella las manos, le cubrieron el rostro y se la llevaron. Las investigaciones en curso de Human Rights Watch han identificado que muchas mujeres y niñas fueron secuestradas para ser violadas o para cobrar rescate.
La enfermera también contó que combatientes de las RSF dispararon y mataron a una joven que tenía una discapacidad física, al igual que a su madre que la estaba cargando. También contó que los combatientes ordenaron a una mujer que llevaba a un adolescente ciego en su espalda que lo bajara. “La mujer les contestó ‘no puede ver’”, refirió la enfermera. “E inmediatamente le dispararon en la cabeza”.
El hombre de 31 años que se mencionó anteriormente contó que, en septiembre de 2025, un conductor los abandonó a él y a su madre a 20 kilómetros de Hilat Al-Shaikh, una aldea a la que intentaban llegar durante su trayecto hacia Tawila. Su madre intentó empujarlo en una carretilla, pero el esfuerzo le resultó extenuante. Él la instó a que siguiera adelante y les suplicó a otros viajeros que pasaban por allí que le ayudaran a regresar a El Fasher. En un primer momento se negaron.
“Me dijeron que si las RSF me vieran en ese estado [con amputaciones], creerían que era de las SAF y esto les causaría problemas”, afirmó. Finalmente, un hombre que conducía un carro tirado por un burro le permitió subirse y pudo regresar a El Fasher, donde se reencontró con su padre.
Él y su padre huyeron el 26 de octubre durante bombardeos intensos, al tiempo que las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaban el control de El Fasher. Fue separado de su padre y sufrió más lesiones.
Logró regresar a la casa de su tío en El Fasher, pero combatientes de las RSF irrumpieron en la vivienda unas horas más tarde y lo acusaron de ser miembro de una coalición de grupos armados darfuríes afines al ejército, debido a su discapacidad y su origen étnico. Manifestó con respecto a esto:
“Comenzaron a preguntarme: ‘¿Eres miembro de las Fuerzas Conjuntas?’ Les dije que había estado enfermo en el hospital, les conté que me había lesionado mientras me llevaba mis artículos del mercado en agosto. Empezaron a discutir conmigo y a decirme que yo era soldado. … Me dieron latigazos en todo el cuerpo durante 20 minutos. Mi cuerpo quedó ensangrentado. … Un soldado dijo que tenían que matarme, que por qué me quedé y que debería haberme ido antes. Me preguntaban continuamente si yo era miembro de las SAF o de las Fuerzas Conjuntas, y yo seguía respondiendo que no”.
En febrero de 2026, manifestó que todavía tenía cicatrices en los brazos causados por la golpiza y mostró fotografías a Human Rights Watch.
Al llegar a Tawila, se reencontró con su madre. Cuando Human Rights Watch lo entrevistó en febrero de 2026, todavía no tenía información sobre el paradero de su padre.
Abandono
Un hombre de 39 años contó que huyó pero que tuvo que dejar atrás a su hermano, de 41 años, que tenía una discapacidad física y no podía caminar. “Mi hermano nos dijo: ‘Yo estoy acabado y moriré en este lugar, por favor, váyanse con sus hijos y déjenme aquí’. No pudimos llevarlo, no había autos ni camellos”.
El mismo testigo contó que vio a personas heridas y personas con discapacidad que pedían ayuda mientras trataban de huir de El Fasher el 27 de octubre: “Había personas heridas que yacían en el suelo, personas que habían perdido extremidades, pidiendo ayuda, y realmente no era posible ayudarlas”.
Un hombre de 22 años que resultó herido durante un ataque en febrero de 2025 fue abandonado por la persona que lo trasladaba mientras huían de El Fasher junto a un grupo de civiles. “Me bajó y me dijo que regresaría. No sé qué le ocurrió, si lo mataron o lo arrestaron”.
Al no poder moverse sin apoyos, finalmente fue arrestado por las Fuerzas de Apoyo Rápido, que lo detuvieron durante 10 días y lo liberaron recién después de que pagara 15 millones de libras sudanesas (aproximadamente USD 3.600).
Robo de dispositivos de asistencia
Un maestro de 40 años con discapacidad auditiva huía hacia Garni desde El Fasher, en octubre de 2025, cuando combatientes de las RSF interceptaron y palparon a civiles en la carretera, y les quitaron sus pertenencias.
“Empezaron a cachearnos a todos y nos robaron teléfonos y relojes buenos”, contó. “Encontraron mi audífono y me preguntaron qué era. Les expliqué y les dije que es algo muy importante para mí, pero no me creyeron y se lo llevaron. Amenazaron con dispararme, así que dejé que se lo llevaran”.
Dijo que los combatientes también le robaron la ropa y el teléfono.
Vidas en desplazamiento
Una mujer de 47 años que se encontraba en un campamento de desplazados internos había huido con su hija de 15 años, que tiene discapacidades físicas y dificultades del habla, y con su madre de 79 años, que también tiene una discapacidad física.
“Antes de la guerra, solíamos recibir terapia física [para mi hija]”, afirmó. “Ahora eso ya no existe y no hay ningún técnico ni médico que nos haga un seguimiento”.
Dijo que los baños y otras instalaciones del campamento son inaccesibles para las personas con discapacidades físicas: “No hay lugar separado para [que las personas con discapacidad puedan] ir al baño o comer. Mi madre y mi hija no pueden ir a estos baños [inaccesibles]. Tenemos que llevarlas”.
Otra madre de cinco hijos, uno de ellos una niña de 6 años con una discapacidad física, señaló que su hija necesita un dispositivo de asistencia y alimentos específicos que no puede conseguir en el campamento de desplazados internos de Tawila: “Necesita un dispositivo de asistencia, pues de lo contrario solo puede estar tumbada. Solo come alimentos blandos y es difícil para mí encontrar la comida específica que necesita. Intento hacer todo lo que puedo”.
