(Washington, DC) – Las democracias que respetan los derechos humanos deberían formar una alianza estratégica para preservar el orden internacional basado en normas, actualmente amenazado por el gobierno de Trump y otros líderes autocráticos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2026.
En la 36.ª edición, el informe mundial de 529 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Philippe Bolopion señala que revertir la marea de autoritarismo que envuelve al mundo es el desafío de una generación. Ante la amenaza sin precedentes que supone para el sistema de derechos humanos la administración Trump y otras potencias globales, Bolopion insta a las democracias que respetan los derechos y a la sociedad civil a construir una alianza estratégica para defender las libertades fundamentales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto marcado por una ola autoritaria en expansión, ha contribuido a un grave debilitamiento de las salvaguardias y protecciones de los derechos humanos a escala global. Los recientes abusos cometidos por Estados Unidos —desde ataques contra la libertad de expresión hasta la deportación de personas a terceros países donde podrían ser sometidas a tortura— ponen de relieve la ofensiva de la administración contra el Estado de derecho. A ello se suman los esfuerzos sostenidos de China y Rusia por debilitar el orden global basado en normas, lo que amplifica el impacto internacional de las políticas de la administración Trump.
“El sistema mundial de derechos humanos está en peligro”, afirmó Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Bajo la presión constante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y debilitado de forma persistente por China y Rusia, el orden internacional basado en normas está siendo desmantelado, con el riesgo de que colapse la arquitectura de la que las personas defensoras de derechos humanos han dependido para promover normas y proteger libertades. Para revertir esta tendencia, los gobiernos que aún valoran los derechos humanos, junto con los movimientos sociales, la sociedad civil y las instituciones internacionales, deben articular una alianza estratégica y responder de manera decidida”.
El presidente de Estados Unidos ha erosionado la confianza en la integridad de los procesos electorales y ha debilitado los mecanismos de rendición de cuentas del gobierno, señaló Bolopion. Trump ha atacado la independencia judicial, desafiado resoluciones judiciales, desmantelado programas de asistencia alimentaria y subsidios de atención sanitaria, revertido derechos de las mujeres, obstaculizado el acceso a la atención del aborto, debilitado los mecanismos de reparación frente al daño racial, eliminado protecciones para personas trans e intersexuales y erosionado el derecho a la privacidad. También ha utilizado el poder del gobierno para intimidar a oponentes políticos, a los medios de comunicación, a despachos de abogados, universidades, a la sociedad civil e incluso a comediantes.
“Al invocar el riesgo de un ‘borrado civilizatorio’ en Europa y recurrir a estereotipos racistas para presentar a poblaciones enteras como indeseables en Estados Unidos, la administración Trump ha adoptado políticas y una retórica alineadas con la ideología del nacionalismo blanco”, afirmó Bolopion. “La política exterior de Trump ha socavado los cimientos del orden basado en normas que busca promover la democracia y los derechos humanos. Trump se ha jactado de que no ‘necesita el derecho internacional’ como límite, sino únicamente su ‘propia moral’”.
La política exterior de Donald Trump se ha caracterizado por un desprecio explícito hacia las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos y por un giro abrupto que ha desplazado la promoción de estos derechos a un papel secundario en la diplomacia estadounidense. La administración canceló de forma repentina casi toda la ayuda exterior del país, incluida la financiación destinada a sostener la asistencia humanitaria que salva vidas. Asimismo, se retiró de instituciones multilaterales fundamentales para la protección global de los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Acuerdo de París.
Este debilitamiento deliberado de las instituciones multilaterales por parte de Estados Unidos supuso también un duro golpe para los esfuerzos internacionales orientados a prevenir o detener crímenes internacionales graves. El movimiento del “nunca más”, surgido tras los horrores del Holocausto y reactivado a raíz de los genocidios de Ruanda y Bosnia, llevó a la Asamblea General de la ONU a adoptar en 2005 el principio de la “responsabilidad de proteger” (R2P). Hoy, este principio apenas se invoca y la Corte Penal Internacional se enfrenta a una presión creciente.
Hace veinte años, el gobierno de Estados Unidos y la sociedad civil desempeñaron un papel decisivo para movilizar una respuesta frente a las atrocidades masivas cometidas en Darfur. Sudán hoy vuelve a arder, pero esta vez, bajo Trump, con un grado de impunidad mucho mayor.
En el Territorio Palestino Ocupado, las fuerzas armadas israelíes han cometido actos de genocidio, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, provocando la muerte de más de 70.000 personas desde los ataques encabezados por Hamás contra Israel en octubre de 2023 y desplazando a la inmensa mayoría de la población de Gaza. La respuesta internacional a estos crímenes ha sido desigual, mientras Trump mantenía una política estadounidense de apoyo casi incondicional a Israel, incluso cuando la Corte Internacional de Justicia examinaba denuncias de genocidio.
En Ucrania, los esfuerzos de paz promovidos por Trump han restado sistemáticamente importancia a la responsabilidad de Rusia por violaciones graves. En lugar de ejercer una presión significativa sobre Vladimir Putin para poner fin a estos crímenes, Trump reprendió públicamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, exigió un acuerdo minero de carácter explotador, presionó a Ucrania para que cediera amplias franjas de territorio y llegó a proponer una “amnistía total” para los crímenes de guerra.
Con Estados Unidos dando la espalda de forma categórica a los derechos humanos, algunos de los países que podrían haber encabezado su defensa se han visto debilitados por el auge de fuerzas internas de extrema derecha, señaló Bolopion. Al mismo tiempo, muchos gobiernos se ven condicionados por el temor a enfrentarse a Estados Unidos y China, y tienden a tratar a los derechos humanos y el Estado de derecho como un obstáculo —en lugar de como un activo— para la seguridad y el crecimiento económico.
Sin embargo, si estos países actuaran de forma conjunta, podrían convertirse en una fuerza política influyente y en un bloque económico de peso. Es fundamental mirar más allá de los actores habituales, afirmó Bolopion. El orden multilateral se construyó gradualmente con la participación de Estados de todas las regiones, y el compromiso con los derechos humanos nunca ha provenido únicamente de democracias poderosas ni de países con historiales internos irreprochables.
Una coalición global de democracias que respetan los derechos podría ofrecer incentivos alternativos para contrarrestar las políticas de Trump que han debilitado la gobernanza multilateral del comercio y los acuerdos comerciales recíprocos que incorporaban protecciones de derechos. Acuerdos comerciales atractivos, con salvaguardias sólidas para los derechos de las personas trabajadoras, así como acuerdos de seguridad, podrían condicionarse al cumplimiento de normas de gobernanza democrática y de derechos humanos.
Esta nueva alianza basada en los derechos también podría constituir un bloque de votación influyente en la ONU. Podría comprometerse a defender la independencia y la integridad de los mecanismos de derechos humanos del organismo, proporcionar apoyo político y financiero y construir coaliciones capaces de promover normas democráticas incluso frente a la oposición de superpotencias.
Aun en los contextos más adversos, la idea de la libertad y los derechos humanos sigue vigente. El poder de la gente sigue siendo el motor del cambio y de la protección de los derechos de las personas más vulnerables, señaló Bolopion. En un mundo cada vez más hostil, el trabajo de la sociedad civil resulta más imprescindible que nunca.
“Romper la ola autoritaria y defender los derechos humanos es un desafío generacional”, afirmó Bolopion. “En 2026, se manifestará con especial intensidad en Estados Unidos, con consecuencias de gran alcance para el resto del mundo. Hacerle frente exigirá una respuesta firme, estratégica y coordinada de votantes, sociedad civil, instituciones multilaterales y gobiernos comprometidos con los derechos humanos en todo el planeta”.
