Desde finales de 2025, miles de agentes federales armados se han lanzado sobre las Ciudades Gemelas de Mineápolis y Saint Paul, así como otras zonas de Minnesota, desatando una campaña de terror e intimidación contra personas inmigrantes y contra quienes se encontraban en la vía pública observando o protestando contra sus acciones, como Renee Good y Alex Pretti, ambos ilegalmente muertos a tiros por agentes federales armados.
En la siguiente sección de preguntas y respuestas, el equipo describe algunos de sus hallazgos iniciales y recomendaciones de política pública para miembros del Congreso y autoridades estatales y locales.
¿Cuáles fueron sus primeras conclusiones al llegar a Mineápolis?
Poco después de llegar quedó claro que el terror y el trauma generados por la Operación Metro Surge están afectando todos los aspectos de la vida cotidiana, con consecuencias que podrían prolongarse en el tiempo. Muchas personas tienen miedo de salir de sus casas. Algunas han dejado de acudir a citas médicas o de buscar atención sanitaria que necesitan. Para proteger a sus familias o a sí mismos ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), hay niños y niñas que han dejado de asistir a la escuela y viven con el temor constante de que sus padres o madres puedan ser detenidos en cualquier momento. Otras personas tienen dificultades para comprar alimentos o pagar el alquiler y otras facturas, ya que no se sienten seguras yendo a trabajar.
Al mismo tiempo, fue profundamente inspirador ver cómo la población de Minnesota se está organizando y movilizando a gran escala para documentar abusos gubernamentales, apoyar a quienes lo necesitan y enviar un mensaje claro al gobierno de Trump: ellos no se quedarán callados mientras los derechos de sus vecinos y vecinas sean pisoteados y erosionados. Sus esfuerzos han obligado al Congreso a afrontar hasta qué punto ha fracasado en exigir cuentas a las agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias.
¿Con quiénes se reunieron y qué lugares visitaron?
Entrevistamos a más de 100 personas, entre ellas algunas que habían sido detenidas y muchas otras que habían sufrido acoso o abusos por agentes federales armados, incluidas estadounidenses.
Aunque no se nos permitió acceder al edificio federal Bishop Henry Whipple, donde ICE mantiene detenidos tanto a estadounidenses como a extranjeros, vimos a manifestantes concentrados en el exterior, 50 de los cuales fueron arrestados el 7 de febrero. También presenciamos cómo personas voluntarias se han organizado para recibir a quienes son liberados de los centros de detención sin pertenencias, ofreciéndoles un abrigo, una taza de chocolate caliente, un teléfono móvil para llamar a sus familias y transporte para regresar a casa.
Visitamos una iglesia metodista cuyos líderes reciben varias llamadas a la semana de feligreses preocupados por las actividades de ICE. También acudimos al Modern Times Café, a la sex shop Smitten Kitten y a un supermercado local, todos ellos convertidos en espacios de apoyo mutuo donde se recogen y distribuyen alimentos y otro tipo de ayuda para las familias afectadas. La persona responsable de uno de estos negocios nos dijo: “Sabíamos que el gobierno no iba a salvarnos, así que tuvimos que actuar para salvarnos nosotros mismos”.
¿Qué testimonios les han marcado especialmente?
Una pareja de Centroamérica —una persona solicitante de residencia permanente y un estadounidense— nos contó que varios vehículos de ICE la detuvieron cuando regresaba del trabajo a principios de enero, junto con un familiar de la esposa. Según relataron, uno de los agentes abrió la puerta del coche del esposo, lo sujetó por la nuca, empujó su rostro hacia el volante y le presionó el estómago con lo que parecía ser una pistola eléctrica, sin llegar a activarla, mientras otros agentes se acercaban apuntando con sus armas al vehículo. El esposo, que padece una afección en la garganta, comenzó a toser, vomitó y después tuvo dificultades para respirar.
Su esposa y otras personas que se habían acercado a observar el incidente llamaron al 911. Finalmente llegó una ambulancia que lo trasladó a urgencias. Los agentes de ICE permanecieron en las inmediaciones durante tres horas mientras recibía atención médica. Actualmente se encuentra en casa, pero desde entonces tiene miedo de salir, incluso para recibir atención médica necesaria, y se ha quedado sin su medicación diaria recetada.
El familiar de la esposa, mientras tanto, fue detenido durante el control inicial y trasladado a un centro de detención en Texas. Ella nos contó que había sido secuestrado en su país de origen cuando era niño y que pudo ver el pánico en su rostro al ver a los agentes armados, ya que el trauma resurgió. “No quiero morir”, recuerda que le dijo. “Se veía a un niño pequeño”, explicó, describiendo su terror.
Otra familia de Honduras nos contó que, a principios de diciembre, unos 20 agentes federales armados rodearon su vivienda. Según relataron, varios agentes entraron por la fuerza sin presentar una orden judicial, derribaron puertas y causaron importantes daños. Arrestaron al padre, quien fue trasladado a Texas y permaneció detenido durante tres semanas antes de ser liberado tras el pago de una fianza de 10.000 dólares, pero sin su teléfono ni su pasaporte hondureño. Tuvo que arreglárselas por su cuenta para regresar a Minnesota.
Su esposa debía dar a luz a finales de febrero, pero desde principios de diciembre no ha salido de casa y se comunica con su médico por teléfono. Sus dos hijos pequeños, una niña de 7 años y un niño de 18 meses, tampoco han salido del hogar. La niña intenta seguir sus estudios mediante clases en línea. Nos dijo que soñaba con ser abogada en Estados Unidos, pero que ahora quiere que su familia regrese a Honduras y siente que necesita un nuevo sueño. Expresó así un sentimiento que escuchamos repetidamente entre personas inmigrantes de todas las edades: este no es el Estados Unidos que pensaba que era.
El propietario de un negocio, que emigró desde África Oriental hace más de 30 años y es ciudadano estadounidense, sacó su pasaporte del bolsillo para mostrarnos que ahora lo lleva consigo cada vez que sale a la calle. Durante la entrevista se emocionó y preguntó: “¿A dónde pertenezco ahora en este mundo?”.
Una mujer latina describió el miedo abrumador que siente, tanto por su identidad étnica como por ser mujer en un entorno marcado ahora por una fuerte presencia masculina militarizada: “Porque no soy blanca, ahora mismo podrían maltratarme o arrestarme. Como mujer, que hombres enmascarados te agarren, te metan en un vehículo y quizá te lleven a otro lugar y te abandonen en cualquier sitio es aterrador. Y sabes que no hay rendición de cuentas. Estos hombres enmascarados tienen vía libre para hacer lo que quieran conmigo”.
¿Qué ocurre con las personas que observan o protestan contra las acciones de ICE y otros agentes federales?
Las muertes de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza pusieron de manifiesto los enormes riesgos que muchas personas están asumiendo para proteger a sus vecinos y vecinas, y provocaron protestas e indignación en todo el país.
Entrevistamos a numerosas personas que sufrieron o presenciaron otros abusos por agentes federales mientras observaban posibles operativos migratorios o simplemente al encontrarse con incidentes en los que intervenían agentes federales.
Una persona observadora, identificada como C.S., explicó que se encontraba en la calle con un silbato y un chaleco de “observador” cuando vio a agentes de la Patrulla Fronteriza bajar de un todoterreno negro con cristales tintados y acercarse a un hombre de piel oscura que vestía una túnica larga, como la que suelen llevar muchos hombres somalíes de la zona. Según C.S., los agentes hablaron con el hombre durante menos de 30 segundos y luego lo obligaron a subir al vehículo. C.S. grabó la interacción con su teléfono mientras sonó su silbato para alertar a otras personas presentes. Los agentes se marcharon con el hombre y posteriormente regresaron para dejarlo en libertad. El hombre contó después que había mostrado su documentación dentro del vehículo y que los agentes habían utilizado insultos racistas, diciéndole que había tenido suerte de que alguien hubiera grabado el incidente, dando a entender que no lo habrían liberado si C.S. no hubiera estado allí observando.
C.S. también describió otro incidente en el que conducía detrás de un vehículo con agentes de ICE que se dirigieron hasta su domicilio. Los agentes bajaron del coche y dijeron: “Aquí es donde vives”, antes de fotografiar la casa y luego a la propia persona. Esta experiencia coincide con lo relatado por otras personas observadoras sobre la identificación y el acoso por parte de los agentes. “A estas alturas, que ICE golpee las ventanillas de tu coche y te amenace con hacerte daño se ha vuelto algo muy común”, nos dijo otra persona observadora.
¿Pueden explicar los impactos a más largo plazo de la Operación Metro Surge en el acceso a la salud, la educación, la alimentación y el trabajo?
Entrevistamos a varios profesores que describieron los efectos negativos que están observando en la asistencia escolar y el bienestar del alumnado, con muchos niños y niñas faltando a clase o pasando a la educación en línea. Pero, como señaló una persona docente, “perder clases no es toda la historia”. Los niños y niñas cuyos cuidadores u otros seres queridos han sido detenidos por el gobierno —o que viven con ese temor— tienen dificultades para concentrarse incluso cuando están en clase.
La superintendente del distrito escolar de Fridley, al norte de Mineápolis, Brenda Lewis, nos permitió acompañarla en sus recorridos matutinos, visitando todas las escuelas del distrito y los hogares de miembros del consejo escolar que afirmaron haber sido intimidados por agentes de ICE. El distrito, al igual que otros en el estado, ha registrado numerosos incidentes de vehículos de ICE en estacionamientos escolares, bloqueando el paso del alumnado que va o vuelve caminando de la escuela, o detenidos frente a las viviendas de personal vinculado al distrito escolar.
Lewis señaló que alrededor del 80 por ciento del alumnado del distrito son niños y niñas “de color” y que aproximadamente el 20 por ciento ha pasado al aprendizaje en línea. Esto, como se vio durante la pandemia de Covid-19, puede tener efectos negativos a largo plazo en el aprendizaje y el desarrollo social.
También entrevistamos a personal médico que describió niveles alarmantes de cancelación de citas, con pacientes que pierden procedimientos médicos importantes, revisiones y vacunaciones por miedo a ICE. Esto podría tener múltiples efectos negativos a largo plazo, incluido el empeoramiento de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.
Una pediatra nos habló del grave deterioro de la salud mental entre adolescentes preocupados por la separación familiar y el clima general de violencia, a quienes atiende mediante consultas virtuales porque tienen miedo de salir de sus casas. Otra profesional sanitaria expresó preocupación por los efectos en la salud mental derivados de la inseguridad alimentaria y económica generada por esta crisis. También señaló que la situación está afectando la salud mental del propio personal sanitario. Indicó que muchas de sus colegas han sido detenidas cuando se dirigían al trabajo y se sienten señaladas por el color de su piel. “Todas llevamos múltiples identificaciones”, dijo.
Escuchamos repetidamente relatos de familias que permanecen atrapadas en sus hogares por miedo a salir a comprar alimentos, pañales y otros productos básicos, o que han dejado de acudir al trabajo, a la iglesia y a otras actividades esenciales. Según informaron, muchos negocios han perdido ingresos o han tenido que reducir horarios o incluso cerrar, ya que el miedo a las conductas abusivas de ICE lleva tanto a clientes como a trabajadores a quedarse en casa. Las actividades religiosas también se han visto afectadas. Una mujer nos contó que la asistencia a su iglesia es ahora solo el 25 por ciento de lo habitual.
¿Qué está pidiendo ahora Human Rights Watch?
Esta campaña de terror e intimidación por agentes federales armados en Minnesota debe cesar de manera urgente.
Ante las audiencias de supervisión del Congreso sobre el Departamento de Seguridad Nacional y las operaciones de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se están celebrando en el Capitolio, estamos instando a la adopción de medidas y utilizaremos nuestra investigación para reforzar la presión en favor de reformas y mecanismos de rendición de cuentas. Este es un momento crucial. Una coalición de organizaciones de derechos ha presentado ya una lista de reformas propuestas.
Las autoridades federales, estatales y locales deben actuar ahora para apoyar a las personas en mayor riesgo; por ejemplo, adoptando medidas para garantizar que las escuelas sean espacios seguros para todos los niños y niñas y asegurando, mientras tanto, alternativas en línea adecuadas para quienes permanecen en casa.
También esperamos que nuestro próximo informe y la incidencia colectiva junto a organizaciones aliadas contribuyan a que las personas responsables de estos abusos rindan cuentas ante la justicia y a evitar que tácticas similares se utilicen en otras ciudades y estados, incluso durante procesos electorales en los que el miedo generalizado a salir de casa podría interferir con la capacidad de la ciudadanía para votar.
